AL MENOS 4,500 PRIVADOS DE LIBERTAD PODRÍAN QUEDAR LIBRES.
Penitenciaria Nacional de Támara será el centro piloto con al menos 500 internos.
Tegucigalpa.
Al menos 5,000 privados de libertad a nivel nacional acusados por delitos cuya pena es igual o menor a cinco (5) años podrían recuperar su libertad antes de finalizar el presente año anunció hoy la directora general del Instituto Nacional Penitenciario, abogada Rosa Irene Gudiel Ardón.
La abogada reveló que se reunió con los miembros de la Comisión Interinstitucional de Justicia Penal para analizar los expedientes de al menos 5,000 internos, comenzando por 500 que se encuentran en la Penitenciaría Nacional de Támara, el cual será el centro piloto de este proyecto iniciativa del INP y del presidente Juan Orlando Hernández.
La Comisión Interinstitucional de Justicia Penal está integrado por el Poder Judicial a través de la Defensa Publica, Juzgados de Ejecución, Unidad de Antecedentes Penales, Ministerio Público, Procuraduría General de la Republica (GPR) e INP, entre otros.
Gudiel reveló que en conjunto con el Poder Ejecutivo se “ha venido trabajando en un plan de trabajo para excarcelar a todos los privados de libertad que tienen derecho a los beneficios que les confiere la ley tanto a las personas que están condenadas como a las que se encuentran en condición de procesados y que sus delitos no exceden una pena de cinco años”.
Sostuvo que este proyecto permitirá descongestionar el sistema penitenciario, “ahorita tenemos como guía o centro piloto la Penitenciaria Nacional de Támara que es el centro con mayor población penitenciaria, iniciando con 500 privados que ya se encuentran condenados por delitos no graves y cuya pena no excede los cinco años”.
También se beneficiaría a unos 4,000 privados que están en calidad de procesados y el día de hoy sostuvimos una reunión con la Fiscalía de Delitos Comunes, Defensa Publica, Juzgados de Ejecución y otros operadores de justicia para revisar estas causas y que a estas personas se les agilice su proceso jurisdiccional y puedan tener el beneficio que le confiera la ley, agregó.
La directora del INP afirmó que los internos beneficiados con esta medida, tendrán que cumplir con los siguientes requisitos: no estar acusados por delitos graves, deben ser causas penalizadas con cinco o menos años de reclusión, no deben tener otros procesos judiciales, no deben tener antecedentes penales y policiales (por casos anteriores).
Asimismo, haber mostrado buen comportamiento en el centro penitenciario, participar en los programas y proyectos y programas de rehabilitación y reinserción social (para evitar la reincidencia del delito), contar con el estudio psicológico y socio-económico, entre otros.
