EL FISCAL DE EL SALVADOR AVALA REAPERTURA DE PROCESO POR MASACRE DE JESUITAS.
El fiscal general de El Salvador, Douglas Meléndez, aseguró hoy que recomendó la reapertura del proceso penal contra los militares acusados de planificar la masacre de seis sacerdotes jesuitas y dos de sus colaboradoras ocurrida en noviembre de 1989.
San Salvador, El Salvador.
Meléndez señaló en rueda de prensa que el Juzgado Tercero de Paz de San Salvador pidió su opinión sobre la solicitud de la jesuita Universidad Centroamericana (UCA) y "les respondimos que estamos de acuerdo en que se reabra el caso".
Las autoridades de la UCA, dirigida por jesuitas, pidieron el pasado 27 de noviembre al referido tribunal reabrir la causa penal contra los "autores intelectuales" de la masacre, incluido el expresidente Alfredo Cristiani (1989-1994), perpetrada por un comando elite del Ejército en 1989.
Los religiosos buscan dar marcha atrás al sobreseimiento que dictó el mismo tribunal en diciembre de 2000 a favor de Cristiani y 6 militares, quienes formaban parte de la cúpula del Ejército, por la prescripción del delito y la existencia de una ley que amnistiaba los crímenes de la guerra civil (1980-1992).
El abogado del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (Idhuca), Arnau Baulenas, señaló en esa fecha que la masacre es un "crimen de lesa humanidad", por lo que es "imprescriptible" y no puede ser amnistiado, como lo estableció en julio de 2016 la Sala de lo Constitucional en una sentencia que anuló la ley de amnistía de 1993.
Además de a Cristiani, los jesuitas acusan a los generales en retiro Humberto Larios, Juan Rafael Bustillo, Francisco Elena Fuentes, Rafael Zepeda, al difunto René Emilio Ponce y al coronel Inocente Montano, este último en prisión preventiva y a la espera de ser juzgado en España.
Todos estos uniformados son parte de la generación de graduados de la Escuela Militar de 1966, conocida popularmente como "La Tandona", que dirigieron a la Fuerza Armada durante buena parte de la guerra e implementaron la estrategia contrainsurgente de "tierra arrasada", requeridos también por la Justicia española.
El 16 de noviembre de 1989, un escuadrón del batallón elite Atlácatl del Ejército asesinó a los españoles Ignacio Ellacuría, Segundo Montes, Ignacio Martín-Baró, Amando López y Juan Ramón Moreno y al salvadoreño Joaquín López. También a Elba Ramos y su hija Celina, colaboradoras de los religiosos.
Por esta masacre solo guarda prisión el coronel Guillermo Alfredo Benavides, uno de los dos condenados a purgar 30 años de cárcel en un juicio en 1992, pena que la UCA ha pedido sea conmutada.
