EN HONDURAS, SUSPENDEN GARANTÍAS CONSTITUCIONALES.

La medida fue tomada debido a las protestas tras las elecciones presidenciales, según señaló el secretario coordinador general del Gobierno, Jorge Ramón Hernández, a través de una cadena nacional.


Tegucigalpa, MDC.

El Gobierno de Honduras anunció la noche de este viernes, a través de una cadena nacional de radio y televisión, la suspensión de las garantías constitucionales por los próximos diez días, la que incluye un toque de queda de 6:00 Pm a 6:00 Am, en todo el territorio nacional.

La suspensión de garantías constitucionales, es la restricción al libre ejercicio y goce de los derechos comprendidos en la Constitución de la República.

Mediante Acuerdo Ejecutivo número PCM-084-2017, el Presidente Constitucional de la República en Consejo de Ministros decretó lo siguiente.

ARTÍCULO 1. Queda restringida, por un plazo de diez (10) días, contados a partir de la entrada en vigencia del presente Decreto Ejecutivo, la Garantía estipulada en la Constitución de la República contenida en el Artículo 81. En consecuencia se prohíbe la libre circulación de las personas, prohibición que podrá aplicarse en horario de 6:00 p.m. a 6:00 a.m., en todo o parte del territorio nacional en atención a los hechos que ocasiona la restricción de esta libertad a recomendación de autoridad competente.

Se exceptúan: Los miembros y todo el personal del Tribunal Supremo Electoral, los representantes de los Partidos Políticos, los Observadores nacionales e inter-nacionales, los Comunicadores Sociales acreditados por el Tribunal Supremo Electoral, el transporte de carga, los entes de socorro y emergencia acreditados por su Institución, las ambulancias, el personal médico y de enfermería, los miembros de los cuerpos de seguridad y justicia y altos funcionarios del Estado debidamente identificados por la Policía Nacional, los miembros del Cuerpo Diplomático y Consular, Organismos y Misiones Internacionales debidamente acreditados por la Cancillería de la República y el Comisionado Nacional de Derechos huma-nos y el personal debidamente autorizado por el mismo.

ARTÍCULO 2. Las Fuerzas Armadas, apoyarán conjunta o separadamente cuando la situación así lo requiera, a la Policía Nacional; debiendo poner en ejecución los planes necesarios para mantener el orden y la seguridad de la República y garantizar el ejercicio de los derechos democráticos.

ARTÍCULO 3. Se ordena lo siguiente:

1. Detener a toda persona encontrada fuera del horario de circulación establecido, o que de alguna manera sea sospechoso de causar daños a las personas o sus bienes, aquellos que se asocien con el objeto de cometer hechos delictivos o esté en peligro su propia vida. A todo detenido se le leerán sus derechos, asimismo se deberá llevar un registro en cada retén, posta o recinto policial y militar del país, con los datos de identificación de toda persona detenida, motivos, hora de detención, ingreso y salida de la posta o recinto policial o militar, haciendo constar el estado físico del detenido;

2. Toda persona detenida deberá permanecer recluida, por los términos que establece la Constitución y la Ley y serán puestos a la orden de la Fiscalía General de la República cuando corresponda;

3. Proceder al desalojo de toda instalación pública, carreteras, puentes y otras instalaciones públicas y privadas que haya sido tomado por manifestantes o se encuentren personas en su interior realizando actividades prohibidas por la Ley.

4. Todas las Secretarías de Estado, Instituciones descentralizadas, desconcentradas y demás órganos del Poder Ejecutivo, deben poner a disposición de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas sin dilación alguna, los medios a su disposición que les sean solicitados para el desarrollo de sus operaciones para el mantenimiento de la seguridad y del orden público.

ARTICULO 4.- El presente Decreto Ejecutivo entra en vigencia el día de su publicación en el Diario Oficial de la República “La Gaceta” y debe remitirse a la Secretaría del Congreso Nacional para los efectos de Ley.

Para decretar lo anterior El Presidente Constitucional de la República y el Consejo de Ministros, se basaron en el cumplimiento de los Artículos 62, 81, 187, 245 párrafo primero y atribuciones 4, 7 y 16, 248 párrafo tercero, 252 y 272 de la Constitución de la República; Artículos 11, 17, 18, 20, 22 numeral 10; 24, 116 y 117 de la Ley General de la Administración Pública y sus reformas y demás que la Constitución y las leyes le confieren.

El decreto sobre la suspensión de garantías constitucionales fue firmado en la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, al primer día del mes de diciembre del año dos mil diecisiete (2017).

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